Marcela Toro Barrera
Socia Fundadora - Directora de Derecho Público & Real Estate
Marcela Toro Barrera es una abogada con una trayectoria de alto nivel en la administración pública y el sector corporativo. Es Especialista en Derecho Administrativo por la Universidad Autónoma Latinoamericana y cuenta con una sólida base jurídica en la gestión de macroprocesos legales complejos.
LIDERAZGO EN EL SECTOR PÚBLICO
Su experiencia en el sector público es vasta y diversa, habiéndose destacado en roles de dirección y asesoría estratégica:
Ministerio de Minas y Energía:
Actualmente se desempeña como Asesora, aportando su visión técnica en uno de los sectores más regulados del país.
Gobernación de Antioquia:
Ejerció como Directora de Asuntos Legales de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social, liderando las áreas de contratación, representación judicial y tutelas con un equipo de más de 35 funcionarios a su cargo. También ha sido asesora clave en la Secretaría de Minas, liderando procesos de fiscalización y cobro de cartera de canon superficiario.
Alcaldía de Medellín:
Se desempeñó como Coordinadora de Gestión Territorial en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, además de brindar apoyo jurídico en convenios interadministrativos para la Secretaría de Gestión y Control Territorial.
TRAYECTORIA EN EL SECTOR PRIVADO
En el ámbito privado, ha liderado con éxito departamentos jurídicos como Directora Jurídica en firmas de renombre, incluyendo Mustafá & Asociados y Business Partners & Lawyers S.A.S., donde dirigió el área de Derecho Público y coordinó la atención de litigios y consultorías especializadas para diversos clientes.
PROPUESTA DE VALOR
Marcela se distingue por su capacidad para construir líneas jurisprudenciales sólidas y diseñar estrategias legales que aseguran el cumplimiento normativo en proyectos de gran escala. Su enfoque en el orden, la disciplina y el liderazgo orientado a resultados permite a Mustafá Toro Legal Group ofrecer una asesoría de estándar superior, garantizando seguridad jurídica tanto a entidades estatales como a inversionistas privados.
